Maritza Díaz cuenta que ha rebajado 30 kilos. “Esto es una calamidad. En mi casa nunca se había pasado hambre, al menos había caraotas. Pero ahora todos estamos flaquísimos y lo único bueno es que soy costurera y le meto a la ropa para que no se nos caiga”, dice la mujer de 62 años de edad que reside en el barrio Unión, de Petare.
Díaz es una de los 389 adultos mayores incorporados al programa de medición de talla y peso que adelanta Abuelos Miranda. El director de la organización, Luis Francisco Cabezas, informó que durante los últimos 8 meses los abuelos han perdido 1,7 kilos al mes.
Cabezas ofreció mayores precisiones: 80% de los abuelos se ubicó casi al borde inferior recomendable del índice de masa corporal, perdiendo hasta 3 dígitos. En julio, las personas con un índice menor a 18,5 constituían 15% y en noviembre, 25%. En promedio, 73% de la muestra pierde peso y el último mes se elevó a 99%.
Díaz y otros dos adultos mayores participaron como invitados especiales en el simposio Los Estragos del Hambre en Venezuela, organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Con motivo del 68° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, analistas compartieron sus reflexiones sobre el impacto de la escasez de alimentos en los derechos humanos, que se ha agudizado durante 2016.
El énfasis estuvo en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad: los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y los privados de libertad. Sin embargo, la experta en seguridad alimentaria, Susana Raffalli, advirtió que la negligencia estatal afecta a todos y no basta que el oficialismo insista en que el desabastecimiento es causado por una “guerra económica”, la caída de los precios del petróleo o el fenómeno de El Niño.
Acostarse sin comer
Gloria Perdomo, de la Fundación Luz y Vida, aportó datos de la investigación sobre la percepción de niños, niñas y adolescentes en comunidades de Turgua, Antímano y Petare. “Me acuesto sin cenar para que mis hermanos menores puedan comer, tengo una hermana que tiene 3 años y no quisiera que pasara más hambre”, es uno de los testimonios recabados.
Los mismos muchachos consultados por Luz y Vida parecen saber cuáles son las soluciones y cuáles no: “Creo que lo primordial sería ayudar a los colegios; antes daban almuerzo gratuito”. Y otro alertó: “Subir el sueldo no significaría una solución porque al aumentar el sueldo todo aumenta automáticamente”.
La diputada Mariela Magallanes recordó que la Asamblea Nacional documentó ampliamente la discriminación a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Ayer reiteró que en vez de solucionar la crisis alimentaria, los CLAP se convirtieron en otra fuente de violación de derechos humanos.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha registrado 28 meses continuos de protestas por hambre y un promedio de 19 por día entre enero y octubre de 2016. “El panorama para 2017 es desalentador, pues la situación empeora al mismo ritmo que la protesta”, concluyó el director de la ONG, Marco Antonio Ponce.
El dato
Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, reveló que 9 reclusos han muerto por desnutrición durante 2016. Al referirse al presupuesto asignado este año al Ministerio de Servicio Penitenciario, Prado destacó que apenas se destinan 20,69 bolívares diarios para la alimentación de cada uno de los 55.219 presos del país.
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